El presidente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño, aseguró que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador busca “curarse en salud” al decir que el país está en bancarrota, con la intención de justificar el “fracaso” que tendrá su gobierno.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente nacional del PAN dijo que, “Andrés Manuel es como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra”.

Esto luego de que hace apenas unos días, había afirmado que México estaba fuerte con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora asegura que está en bancarrota.

«Hace unos días el presidente electo dijo que con la actual administración somos un país más fuerte; hoy se contradice y afirma que estamos en bancarrota. Más bien parece que quiere justificar anticipadamente el fracaso de su gobierno. Hace falta, desde ahora, responsabilidad», posteó en su cuenta de Twitter.

Fuente y foto: Twitter/eap/

Claudio X. González, presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México consideró que es necesario analizar a qué se refiere el presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a que va a recibir con un «país en bancarrota».

Aseguró que el comentario de AMLO «empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo» y que fue «tan dramático».

Manifestó: «Si se lee todo lo que se dijo alrededor de ese comentario tan dramático, ya se empieza a matizar que no se va a poder cumplir con todo, y que no se va a poder porque no hay suficientes recursos para cumplir, y que no se va a gastar más de lo que se tiene».

Consideró que era preferible utilizar otro adjetivo para referirse a la situación del país: «Yo creo que se pudiera haber utilizado otro adjetivo. Bancarrota significa que no tenemos una situación económica que sigue creciendo».

Fuente: Milenio/doh/Foto: archivo

Integrantes de la iniciativa privada respondieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que “México no está en banca rota” y le exigieron generar un ambiente de confianza, luego de que López Obrador así lo señalara y justificara que no cumpliría con lo prometido en campaña.

En el Foro Forbes Camino a la Transición, Claudio X. González Laporte, ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios, exigió al próximo gobierno generar un ambiente de “confianza” para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.

Y es que consideró que sin la confianza, la inversión no se da, y calificó como dramático el comentario de AMLO al aclarar que si existen desequilibrios económicos, no será por su administración sino por la política financiera del Banco de México y otros factores externos.

De igual manera, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan Pablo Castañón, pese a que reconoció que el país enfrenta retos como la inseguridad, corrupción, mayor empleo e infraestructura, los empresarios no han dejado de pagar los compromisos internacionales.

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, manifestó que el gobierno debe ser un impulsor, no debemos perder la confianza para que puedan fluir las inversiones. Y subrayó que México crece, aunque sea al 2 por ciento.

Fuente: El Universal/doh/Foto: archivo

El Comisionado de Reconstrucción CDMX da contratos millonarios a empresa donde trabaja su hermano

Como secretario de Obras y Servicios, y también como comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungüi Rodríguez autorizó contratos por 70 mdp de los recursos asignados para la reconstrucción de la capital del país a una empresa en la que trabaja su hermano, Carlos Túngüi Rodríguez.

Documentos oficiales, en poder de La Silla Rota y HuffPost México, muestran la firma de Edgar Tungüi Rodríguez para la contratación de los servicios de «gerencia de proyectos» y «gestión administrativa» con la empresa Cal y Mayor y Asociado S.C. donde labora su hermano desde abril de 2017 como «Especialista Jr.»

Los 70 millones de pesos autorizados a esta empresa para asesorías y labores administrativas representan más recursos que los 20 millones destinados para «servicios de atención a daños menores», los 17.1 millones de pesos para demolición de inmuebles y 9.1 millones de arrendamiento de puentes peatonales provisionales.

Por su parte, comunicación social de la SOBSE respondió a través de una nota informativa en la que aclaró sólo en uno de los tres contratos firmados no había «relación familiar», ya que Edgar Tungüi Rodríguez ya no ocupaba la titularidad de la secretaría, si no en la Comisión para la Reconstrucción.

© Proporcionado por Invent MX S.A.P.I. de C.V. Edgar Tungüí­, comisionado para la reconstrucción CDMX. (Foto: Notimex-Francisco Estrada).

«Desde el momento de celebrar el contrato (SOBSE/DGA/DRMYSG/066-18) a la fecha, no existe relación familiar entre los trabajadores de Cal y Mayor y los firmantes del contrato», informó la SOBSE, sin embargo, ese documento se suscribió a petición de la Comisión para la Reconstrucción que encabeza Édgar Tungüi Rodríguez, y tiene su firma, pero la SOBSE es quien paga el citado contrato, como ocurre con las demás dependencias que transfieren el recurso.

© Proporcionado por Invent MX S.A.P.I. de C.V.

«Este contrato tiene como soporte un plan de acción presentado por la Secretaría de Obras y Servicios a la Comisión de Reconstrucción el 21 de marzo (de 2018), mismo que fue autorizado en la 8va sesión. Asimismo, está enmarcado en el convenio de colaboración entre Sobse y Comisión en el que se acordó coadyuvar para que la Comisión para la Reconstrucción pudiera realizar sus labores, ya que carece de presupuesto y facultades para contratar dichos servicios al ser una dependencia creada tras la emergencia», indicó SOBSE.

La dependencia capitalina omitió hacer referencia a los contratos SOBSE/DGA/DRMYSG/1073-17 por 10 millones de pesos y el SOBSE/DGA/DRMYSG/028-18 por 15 millones, ambos con Cal y Mayor y Asociados S.C., los cuales fueron firmados por Edgar Tungüi Rodríguez cuando era titular de la SOBSE, pero en los tres contratos aparece la firma de este funcionario.

La Silla Rota y HuffPost México confirmaron que Carlos Tungüi Rodríguez todavía labora en la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C. Además, en Linkedin en su perfil aparece dicho puesto.

En entrevista telefónica, Edgar Tungüi Rodríguez reconoció el parentesco con Carlos Tungüi Rodríguez, y señaló que su hermano trabajaría en una empresa subcontratada por Cal y Mayor y Asociados S.C.

—Detectamos que en esta empresa trabaja un familiar de usted, Carlos Tungüi Rodríguez, ¿no representaría un conflicto de interés contratar a la empresa en la que labora un familiar de usted?

—No, no trabaja ahí mi hermano, no tengo conocimiento que trabaje ahí mi hermano ni ninguno familiar más.

—Usted dice que no trabaja su hermano ahí.

—No.

—Hemos checado con fuentes que si se encuentra laborando, incluso estuvo trabajando en un proyecto de Banobras.

—No, quizá pueda trabajar para una empresa subcontratada por Cal y Mayor, pero no en Cal y Mayor.

—¿Entonces trabajaba en una empresa que trabajaba a Cal y Mayor?

—Eso es, una subcontratista.

El gobierno de CDMX adjudicó directamente más de 280 mdp a amigo del comisionado para la Reconstrucción

Por: Oscar Balderas

La devastación que causó el terremoto del año pasado resultó un negociazo que rozó los 300 mdp para un amigo cercano del titular de la Comisión para la Reconstrucción en la CDMX, Édgar Tungüí, a costa de las personas que viven en los reclusorios.

Días después del terremoto del 19 de septiembre, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la institución encargada de las prisiones de la ciudad, informó que cuatro cárceles habían sufrido daños estructurales: la Penitenciaría del Distrito Federal, el Reclusorio Varonil Oriente, la cárcel femenil de Tepepan y una comunidad para adolescentes.

Para reparar los daños, la Comisión para la Reconstrucción otorgó a dicha subsecretaría una bolsa de 387,3 mdp. Es decir, más del doble de lo que costó remodelar el Zócalo Capitalino.

De ese dinero, la partida más jugosa se destinó a reparar la Penitenciaría del Distrito Federal: 275,9 millones de pesos, según el contrato SG/SSSP/DEA/ADOP-001/2018, para hacer «estudios de mecánica de suelos y geotécnicos, proyectos ejecutivos y estructurales», así como la rehabilitación de cuatro dormitorios, los edificios de oficinas administrativas, talleres, cinturón de seguridad, garitones, kilómetro de dormitorios y una reja.

Debido al elevado monto, la Ley de Obras Públicas de la CDMX obliga a que el contrato se licite, es decir, se ponga a concurso y que las autoridades elijan a la empresa que ofrece el mejor precio con mayor calidad; pese a ello, los 275,9 millones se entregaron de manera directa a Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., una empresa cuya dirección en el contrato lleva a una casa precaria en la colonia Santa Martha Acatitla, delegación Iztapalapa.

Cuestionado al respecto, el subdirector de Conservación de la Subsecretaría, Juan Pedro Quezada, argumentó que la ley les permite dar un contrato tan costoso de manera directa cuando, «por motivos de seguridad», haya una urgencia por iniciar la obra tan pronto sea posible. Pero el argumento de la prisa se desbarata cuando se lee la página 32 del informe público de agosto de 2018 sobre los avances de la Comisión de Reconstrucción: a casi un año del terremoto, la obra tiene un avance de 3,7 por ciento.

Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V. es una de las varias empresas constructoras que posee el empresario José Antonio Velasco Jiménez, conocido en la industria de la construcción por repartir «moches» a funcionarios a cambio de obras y de regalar desde viajes de lujo hasta relojes finos a sus amigos servidores públicos para obtener los contratos.

Un empresario constructor que ha perdido varios contratos por esos sobornos —quien pidió el anonimato para no arriesgar su negocio en otros estados de la República— contó al HuffPost México y La Silla Rota que es un secreto a voces en la industria que Velasco Jiménez es amigo «cercanísimo» de Édgar Tungüí, titular de la Comisión para la Reconstrucción, y que, incluso, Velasco le hizo mejoras «gratis» a su casa cuando era secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México.

Esta afirmación no pudo ser comprobada independientemente por este medio, pero coincide con los hallazgos del reportero Raúl Monge de la revista Proceso, quien este mes publicó que Velasco Jiménez asumió el costo de la remodelación de casas de un grupo de funcionarios cercanos a Miguel Ángel Mancera, entre ellos Édgar Tungüí.

«Además, (Velasco Jiménez) le hizo llegar a Mancera finos relojes a través de su secretario particular, Luis Ernesto Serna Chávez», se lee también en el reportaje titulado «Velasco Jiménez, el ‘Ahumada’ de Mancera».

Pero a Velasco Jiménez no le bastó un solo contrato: para que pudiera meter doble mano en el dinero de la reconstrucción, se le otorgó un segundo contrato, también en adjudicación directa. Para evitar ser descubierto, Velasco Jiménez utilizó otra empresa suya, pero de distinto nombre: Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras DUMA S.A. de C.V. con la que ganó otros 8,5 mdp.

El segundo contrato, el SG/SSSP/DEA/AD/SROP-003/2018, se le dio para la «supervisión técnica administrativa» del proyecto… de la reconstrucción de la Penitenciaría. Es decir, el gobierno lo contrató para construir y, al mismo tiempo, para calificarse a sí mismo desde otra empresa suya.

En total, el empresario acusado de dar «moches», y que es amigo del titular de la Comisión de Reconstrucción, se ganó 284,4 millones de pesos en contratos sin concurso, sólo con el negociazo de la cárcel. Y el terremoto fue el pretexto perfecto.

El presupuesto para la reconstrucción en los negocios del llamado ‘Cártel Inmobiliario’

Por: Paris Salazar

La noche del 31 de diciembre de 2017, a unas horas de que acabara el año, los damnificados del Multifamiliar Tlalpan —destruido por el sismo del 19S— compartieron un vaso de sidra y tomaron una uva en sus manos. «Por la reconstrucción para todos y todas las damnificadas», dijo en voz alta una de las víctimas de la tragedia. Todos tenían más de tres meses sin un techo bajo el cual dormir, y vivían aglutinados en un campamento improvisado junto a las ruinas. No habían recibido del gobierno local ni un peso para hacer la vida más llevadera tras quedarse sin casa.

Ese mismo día, con recursos destinados a la emergencia del sismo, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) destinaba 16.3 mdp para contener un talud dañado el 19S, sobre el cual se construyó el fraccionamiento de lujo en Vista del Campo, en Santa Fe.

© Proporcionado por Invent MX S.A.P.I. de C.V. Un árbol de Navidad afuera de las casas de campaña donde se alhojan los damnificados del multifamiliar que se vino abajo en Tlalpan. Foto tomada el 24 de diciembre, 2017. REUTERS/Daniel Becerril

Cabe resaltar que este conjunto residencial fue vendido, en su momento, por la empresa BAITA, de la que el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fue representante legal. Además, los accionistas de la compañía eran funcionarios del gobierno capitalino: Simón Neumann y Fausto Galván. El primero fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y asesor del jefe de gobierno, mientras que Galván era encargado de Aprovechamiento Territorial de la Secretaría de Economía.

Los tres funcionarios ligados al llamado «Cártel Inmobiliario» de la CDMX, un grupo de empresarios que desde posiciones en el poder han construido violando normas en los últimos años.

A esos 16.3 mdp, se le pueden sumar otros 98.6 mdp de recursos públicos destinados por el gobierno de la CDMX en menos de tres años para reparar el terreno, después de dos deslaves registrados en octubre de 2015, ocurridos, por cierto, debido a una negligencia.

En 2015, las autoridades capitalinas atribuyeron el deslave a una filtración de agua de una casa irregular en el terreno que no fue nunca clausurada, y que no pertenecía a Vista del Campo. La investigación del caso, entonces, estuvo a cargo del gobierno de la CDMX, a pesar del posible conflicto de interés.

La constructora Mexicana de Presfuerzo S.A. de C.V. responsable de la tercera y última fase de reparación del talud en Vista del Campo, fue la misma que recibió el contrato para reparar el talud que se dañó en 2017 por el sismo.

El conjunto Vista del Campo fue construido sobre un talud de tierra que funcionó como banco de arena hasta el año 2003.

En una nota informativa, la SOBSE reconoció que se utilizaron recursos públicos emergentes —antes de la creación de la Comisión de Reconstrucción, para atender los «daños ocasionados después de los movimientos telúricos que ocurrieron en lado norponiente y nororiente, zonas distintas al área que se atendió entre 2015 y 2017».

«Los recursos fueron aprobados por la Secretaría de Finanzas, entidad que asignó como fondo y fuente de financiamiento al Fondo de Atención a los Desastres Naturales (FONADEN) en la Ciudad de México, por tratarse de una emergencia derivada del sismo. Cabe precisar que no se utilizaron recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, mismo que aún no existía en ese entonces».

La activista urbana, Susana Kanahuati,­­­ consideró que el gobierno capitalino utilizó indebidamente recursos públicos y también el dinero de la atención a la emergencia por el sismo para atender los daños generados por la instalación de una antena telefónica que ellos mismos autorizaron y que debilitó el talud.

«Tuvieron que usar recursos de la emergencia, una muestra más de que los recursos públicos son mal utilizados, mientras hay damnificados que a casi un año del sismo no han visto ningún apoyo», señaló.

BAITA vendió cinco torres con departamentos de lujo, de 280 a 412 m2 en Vista del Campo, según la edición 9, año 2005 de la publicación «Guía d’ Inmuebles».

«Un conjunto de 76 lujosos departamentos diseñados con un concepto arquitectónico único en su estilo, en el que se puede gozar de privacidad y comodidad debido a su cuidadoso y estratégico plan de construcción», se lee en la publicidad de BAITA en la revista impresa.

El pasado lunes 10 de septiembre, la oficina del director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, recibió una ficha informativa del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la petrolera, Francisco Guzmán Lazo, con copia para todos los directores corporativos de filiales y subsidiarias, en la cual se les informa que el límite salarial autoimpuesto por el presidente electo de 108 mil pesos mensuales, “no aplica a funcionarios de Pemex”.

© Proporcionado por El Universal Compañía Periodística Nacional S.A. de C.V.

Les detalla que conforme a la Ley Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional “que finalmente se apruebe, no aplicaría para el personal de Pemex, a menos que se deroguen las disposiciones constitucionales, actualmente en vigor”.

El jueves pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y prohibir que ningún funcionario gane más que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. La ley pasó al poder Ejecutivo para su revisión y eventual promulgación.

En el documento se da por hecho que la iniciativa de ley relativa a las remuneraciones de los servidores públicos, Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional “responde a la propuesta realizada sobre esta materia por el presidente electo, y seguramente serán analizadas, en fast track por las comisiones correspondientes, y el proyecto que en definitiva dictaminen será puesto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados y, en el caso de ser aprobado, turnado al Senado como la Cámara revisora”.

EL UNIVERSAL consultó a Pemex sobre la veracidad del documento y su posición respecto del tema.

Funcionarios de la empresa reconocieron que la ficha informativa “efectivamente llegó a la oficina de la dirección general, con el asunto: proyecto de iniciativa de la ley de remuneraciones de los servidores públicos de la federación”.

Comentaron que “Pemex siempre se va regir por la ley y el reglamento en materia de remuneraciones y por lo que marque el Legislativo”.

Actualmente, de acuerdo con el portal de transparencia de Pemex, el director general de la petrolera recibe un salario bruto de 220 mil 493 pesos mensuales. Los directores corporativos de subsidiarias pueden llegar a ganar 180 mil pesos al mes.

Los consejeros profesionales tiene un salario bruto de 179 mil 750 pesos mensuales; los subdirectores corporativos 172 mil pesos, y los gerentes corporativos 163 mil 700 pesos.

De las repercusiones del cambio a la ley de remuneraciones para los servidores públicos de Pemex, la ficha señala que hay un régimen especial para remuneraciones del personal, sustentado en disposiciones de la Constitución Política.

El artículo 25 cuarto párrafo (actualmente quinto) que dice: el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado…En las actividades citadas de la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneración de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas y determinará las demás actividades que podrán realizar (párrafo reformado DOF 20-12-2013).”

Artículo vigésimo fracción II, transitorio, del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de energía:

“Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este decreto, el Congreso realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas de Estado y establecerá que:

“… II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de servicios personales, que, a propuesta de la secretaría del ramo en materia de Hacienda apruebe el Congreso. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución”.

Por ello, el titular de enlace legislativo informó que no aplica al personal de Pemex, a menos que se deroguen disposiciones constitucionales.

El fotógrafo Antonio Tizoc publicó este fin de semana en su cuenta de Instagram una imagen donde aparece Emma Coronel posando al frente del Candy Bar decorado con la famosa muñeca Barbie.

«antoniotizoc_fotografia Cubriendo el evento de la Sra. Emma Coronel, quien celebró en grande los 7 años de sus hermosas princesas Emaly y María Joaquina, quienes lucieron muy bonitas #barbiestyle”, describió el fotógrafo en la publicación.

Además de la fotografía compartió un video donde se ve parte de la decoración y el salón de fiesta repleto de globos, arboles color rosa, una zona para fotografías y hasta juegos mecánicos.

Se ignora la fecha y lugar donde se celebró dicha fiesta, debido a que el cumpleaños de Emaly Guadalupe y María Joaquina fue en agosto.

Poco después de que el fotógrafo compartiera la imagen de Emma Coronel y el video, en la cuenta de Instagram de Eventos Jr también publicaron una imagen de la decoración.

En las imágenes no aparecen las hijas de Joaquín Guzmán Loera, solamente algunos pocos invitados y las auxiliares del evento.

El consejero del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez señaló que a la fecha, solo 5.6 por ciento de los mexicanos ha realizado una solicitud de acceso a la información, pese a que 50.6 por ciento de la población conoce de la existencia de leyes e instituciones que garantizan ese derecho.

En entrevista con Notimex, recordó que ante tal situación, se lleva a cabo una consulta pública desde el 27 de agosto y hasta el 28 de septiembre con el propósito de identificar áreas de oportunidad en el proceso de construcción del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI).

En ese sentido explicó que el acceso a la información “es un derecho que se ejerce mayoritariamente por periodistas, organizaciones de la sociedad civil, y por los propios funcionarios públicos, ese es un tema, porque no hemos sido capaces de que este derecho pueda llegarle por ejemplo a la sociedad, en especial a la población más vulnerable”.

Por ejemplo, dijo, para que las madres, a través del conocimiento de la información pública, cuando llevan a sus hijos a las clínicas comunitarias y no hay medicamentos, con todos los elementos en mano puedan exigir que les den una explicación de porqué no lo hay, o por qué no está el doctor, entre otros temas.

Ante ello, precisó que el Plan DAI es una política pública que buscará construir una Red Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información mediante la integración de redes locales, con el objetivo de incrementar el aprovechamiento del DAI por parte de la población.

Salas Suarez explicó que para lograr esto, se deberán formar y desplegar actores denominados “Facilitadores del DAI”, los cuales serán la figura central de la política pública, ya que se acercarán a la población objetivo con el propósito de cumplir con los compromisos y metas que cada entidad plantee en un Plan Local de Socialización.

“El Plan DAI busca empoderar a la gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad o bien en población que se encuentra en los desfiles más lentos en términos de ingreso, y que no acceder a otros derechos fundamentales como son la salud, la educación, o al agua, los deja completamente fuera de una sociedad que por desgracia sigue siendo sumamente desigual, y esa es la apuesta que estamos haciendo con este programa”, abundó.

El comisionado explicó que un 14 por ciento de la población ha consultado información pública en Internet, al hacer uso de las obligaciones de transparencia, sin embargo, precisó que la demanda de la información que busca la gente no corresponde con lo que se ofrece, ya que lo que realmente le interesa es lo relativo a la salud, educación, y seguridad pública, pese a no confiar en la información otorgada por dicha secretaria.

Asimismo, todo lo relativo a los trámites y servicios que las personas hacen con los distintos niveles de gobierno.

El PlanDAI arrancará con dos programas piloto, uno en Nayarit y otro más en Oaxaca en donde se formarán a jóvenes de la Universidad Tecnológica, y mujeres que forman parte de un programa local de contraloría social, respectivamente, para que ellos en sus localidades, en un diálogo definan los programas públicos.

En la consulta pública podrán participar todos aquellos interesados; por ejemplo, organismos garantes locales de transparencia, sujetos obligados, académicos y expertos, así como el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la población en general.

Fuente: Notimex/doh/Foto: archivo

Luego de que ayer el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo impulsado por Morena para suspender de manera inmediata e indefinidamente la evaluación docente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que las pruebas continuarán porque así lo mandata la Constitución.

En un comunicado la dependencia informó que “todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido”, ya que así está dispuesto en las leyes en la materia.

Explicó que “los procesos relacionados con el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes al Sistema Educativo Nacional están claramente establecidos y regulados por el orden jurídico vigente”.

Además, dijo que el artículo 3 constitucional faculta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) a emitir los lineamientos a los que se sujetarán todas las autoridades educativas para realizar las evaluaciones que les correspondan en el marco de sus atribuciones.

De tal forma que el 7 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño docente.

La SEP agregó que la evaluación también es “un derecho de los docentes y nadie puede impedirles su ejercicio pleno de conformidad con el marco legal vigente”.

Negó que las pruebas sean estandarizadas y estén hechas para ser reprobadas, como acusó Morena, pues se tiene “como referente a la escuela o plantel y estar vinculado a su contexto; estar referido a las características del entorno y del grupo de alumnos”.